Tras el vuelco judicial recibido a raíz de la reciente decisión del Tribunal Supremo respecto al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la escrituración de préstamos hipotecarios, el Gobierno ha sacado adelante el reciente Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre a fin de paliar la demanda social de una enorme parte de la población.
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Impedir la enervación de la acción de desahucio previamente al procedimiento judicial
A la hora de instar o tener la pretensión de iniciar un procedimiento de desahucio contra un inquilino que no paga la renta, es importante recordar que tiene derecho a enervar el desahucio al menos una vez durante la duración del contrato. Dicha enervación puede producirse antes del procedimiento o durante el mismo.
El Tribunal Supremo y el IAJD de las escrituras hipotecarias
Durante la pasada semana todos los medios de comunicación se hacían eco de la reciente sentencia del Tribunal Supremo n.º 1505/2018 de fecha 16 de octubre de 2018. Dicha sentencia cambia radicalmente la postura vigente respecto a quien es el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados relacionados con la escritura hipotecaria realizada entre el consumidor y la entidad bancaria.
Aunque a día de hoy su aplicación al resto de ciudadanos es incierta dada la reciente decisión del Tribunal Supremo de dejar en stand by el tema hasta ser revisado, dicha sentencia bien merece un pequeño análisis dada la trascendencia mediática de la misma.
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Nuevas medidas de protección de los consumidores ante las eléctricas
El domingo 7 de octubre entró en vigor el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
Dicha norma legal tiene como objetivo la búsqueda de la protección del consumidor ante las constantes subidas del precio de la energía y las prácticas de contratación de las comercializadoras eléctricas. En los próximos párrafos veremos si dicha normativa da solución a esta problemática o si nos encontramos ante un “brindis al sol”.
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