En la actualidad, bien sea por necesidad, bien por creer en un proyecto personal, nos embarcamos en negocios que, por desgracia, no tienen el final esperado.
Para ello, en ocasiones, se acude a personas jurídicas que limitan la responsabilidad patrimonial, por lo que nuestro patrimonio personal no sufre un grave perjuicio en caso de que no se cumplan con las expectativas. El problema radica en que la mayoría de las ocasiones, bien por falta de conocimiento, de presupuesto, o simplemente porque la persona jurídica no se adapta a la necesidad del proyecto, ponemos en riesgo nuestro propio patrimonio, actuando como personas físicas.
En el caso de personas jurídicas, la solución que da nuestro ordenamiento para las situaciones de insolvencia es el concurso de acreedores.
No es hasta el año 2015, cuando se permite el acceso a este procedimiento mediante la Ley 25/2015, vulgarmente conocida como «Ley de segunda oportunidad». Se puede consultar la misma aquí.
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En nuestra comunidad autónoma, dado el excesivo minifundismo, es habitual la existencia de terrenos o fincas enclavadas (sin salida a camino público), o de difícil acceso, lo que propicia la existencia de las denominadas servidumbres de paso. Dicho derecho, existente formalmente o de forma material, en ocasiones es objeto de negación por terceros (o por los propios intervinientes).
Si bien anteriormente comentamos la ejecución o reclamación de los gastos extraordinarios en un procedimiento de familia (artículo consultable